"Esta discusión es sobre poder". Así de claro fue el diputado de la UDI, Julio Dittborn en su intervención en la Cámara de Diputados el día en que se aprobó la Ley General de Educación sin la indicación que daba un trato preferente a la educación pública. Fue aún más explícito: "Aquí lo que a la izquierda le preocupa es la competencia que le apareció a la educación pública y que ha ido ganando terreno. Por eso la Alianza jamás permitirá que se discrimine a la educación particular subvencionada".
La declaración del parlamentario revela el tema de fondo en el proyecto ley: el negocio de la educación en Chile y la decisión de la Alianza de defenderlo, así como el "botín" de US$ 3 mil millones que el fisco reparte entre los sostenedores municipales y privados cada año.
Según cifras del Ministerio de Educación, en la actualidad, la matrícula de los establecimientos municipalizados es de 1.122.165 alumnos, y la de los particulares subvencionados de 1.736.232.
Estos últimos fueron la novedad de la dictadura militar, que sumó este sistema al sector particular y público, lo que generó inmediatos cambios en el ya instalado mercado de la educación: la matrícula de la enseñanza pública bajó de 80%, en 1980, a un 50% en 2003 y sigue en descenso. No es todo. En 1993 los particulares subvencionadas iniciaron su despegue gracias al financiamiento compartido y desde 1995 a la fecha han aumentado un 23%, especialmente aquellos con fines de lucro. Ello pese a que sus resultados académicos no han experimentado igual alza.
El promedio de las 29 modalidades de subvención educacional que entrega el Estado es de 48 mil pesos (la menor es de $ 22.700, destinada a la educación básica de adultos y la máxima de $ 127.205 para educación especial diferencial). Con tales cifras, la educación municipal percibe anualmente US$ 1.078.891.090 y la particular subvencionada US$ 1.669.277.900.
El tema es que los resultados del Simce (2007) demuestran que la educación pública obtiene mejores resultados, tanto en 4º básico, como en 8º, en los grupos socioeconómicos bajo y medio alto, que la particular subvencionada. Ambas tienen resultados similares en los estratos medio bajo y la particular subvencionada sólo demuestra eficiencia en el grupo medio. La gran diferencia se produce entre los establecimientos subvencionados (municipales o particulares) y los particulares pagados, lo que evidencia la brecha. Y aunque el discurso oficial es que la calidad y el buen uso de los recursos fiscales se corregirá con la agencia y la superintendencia, no todos piensan igual. "En salud existe una superintendencia y si tú le preguntas a los afiliados a isapres si tienen quejas te aseguro que la respuesta será afirmativa. Una superintendencia ayuda, pero no resuelve el problema de fondo: la educación inserta en un sistema de mercado, que no ha resultado en ninguna parte. Por eso es absurdo no dar trato preferente a la educación pública", dijo la semana pasada a La Nación, Rodrigo Cornejo de la OPECh.
El senador DC, Mariano Ruiz-Esquide -uno de los más críticos del sistema, pero que respalda la LGE, pues piensa que "más vale algo que nada"- dijo que entregar subvenciones millonarias a particulares que no muestran calidad en sus resultados "es algo que queremos cambiar, pero no podemos porque no tenemos capacidad". Reconoció también que "la educación pública tiene menos recursos que la particular subvencionada, que además del aporte estatal, cuenta con el financiamiento compartido y aportes de instituciones amigas". Lo mismo dice Cornejo; "La educación pública no selecciona, recibe a los más pobres y se vate con los recursos fiscales. La particular subvencionada selecciona, recibe aporte estatal, pago de apoderados y no muestra mejores resultados. Dar un trato igualitario a ambas es simplemente ridículo".
Fuente: La Nación
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