2 Columnas sobre la LGE

El jueves 19 de Junio 2008 se publicó en El Mercurio una columna de opinión de la Ministra de Educación Mónica Jimémez. El día anterior, en el mismo medio, se publicó en la sección "cartas al director" una reflexión del ex-presidente de la Fech, Nicolás Grau. Presentamos a continuación ambas visiones sobre la LGE.

Una historia de acuerdos en educación	Proyecto sobre educación
Mónica Jiménez de la Jara	Nicolás Grau Veloso
Hoy se somete a aprobación de la Cámara de Diputados el proyecto de Ley General de Educación. Este proyecto es un hito más en los muchos esfuerzos que se han realizado en el país en el campo de la educación. Chile como nación es hija de la educación. El talento, la visión y el esfuerzo de nuestros antepasados fueron puestos en beneficio de la educación de sus hijos. Históricamente, el principal motor para lograr una mejor educación en el país ha sido una férrea voluntad de acuerdos. Baste recordar la aprobación de la Ley de Obligatoriedad Escolar en 1920, la cual fue el resultado de un complejo acuerdo gracias a la incansable labor de Darío Salas; la Constitución de 1925, que recuperó la idea de régimen mixto en educación; el "planeamiento integral de la educación" de Jorge Alessandri; la Reforma Educativa de Frei Montalva y, en 1996, la Reforma Educacional. En el día de hoy queremos celebrar un nuevo acuerdo, en el espíritu que destacara la Presidenta de la República en su discurso del 21 de mayo: "Me he referido a la importancia de construir acuerdos [ ... ] Si el año 2007 para este Congreso fue el año del acuerdo previsional, el año 2008 debe ser el año del acuerdo educacional". La educación transita desde una etapa con énfasis en el acceso a la educación y la cobertura escolar como eje principal -acento en la extensión del acceso, la obligatoriedad y gratuidad de la educación- a otra en que la calidad de los aprendizajes y su distribución social son la exigencia central. El marco regulatorio e institucional existente corresponde a esa primera etapa. La actual es de mayor complejidad. Exige hacerse cargo de brechas significativas en la calidad de la educación. Para enfrentar estas desigualdades se requiere una nueva normativa. La Ley General de la Educación responde a estas exigencias. La nueva ley deroga la actual Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza -LOCE- y establece que es deber del Estado velar por la calidad y la equidad de la educación de nuestros niños y niñas. Con este propósito se establece un conjunto de normas e instituciones que tienen como origen y fin dicho objetivo: - Crea la Agencia de Calidad, encargada de resguardar y asegurar el cumplimiento de estándares de calidad definidos por el ministerio. Creemos que cuando hay calidad para todos, hay equidad. - Instala la Superintendencia de Educación, la que regulará y controlará el uso de los recursos fiscales. Queremos que los recursos asignados a educación se inviertan en educación. - Establece nuevas y mayores exigencias a los sostenedores. Recibirán recursos del Estado aquellos que sean personas jurídicas, posean giro único y rindan cuenta pública. Queremos sostenedores dedicados y comprometidos con la educación. - Crea el Consejo Nacional de Educación. Su composición sólo incluye a integrantes de la comunidad educativa. Queremos validar en forma permanente nuestras políticas educativas. - Reconoce la instancia Comunidad Educativa y de Participación de Actores Relevantes -centros de estudiantes, centros de padres y apoderados, consejos de profesores y consejos escolares- con derechos y deberes. Educar es participar. - Establece que las escuelas y liceos que reciben aportes del Estado no podrán seleccionar a sus alumnos hasta 6º básico y resguarda de la expulsión a aquellos que se vean afectados por razones económicas y a las alumnas embarazadas. La educación es un derecho, y lo es para todos. Finalmente, establece las características del currículum y la estructura de niveles escolares e introduce modalidades educativas especiales. Se abren las puertas para una mejor educación intercultural y se reconocen también las diversas modalidades de educación especial. Necesitamos contar con ciclos de enseñanza acordes con los nuevos desafíos e incorporar la riqueza de nuestra diversidad. He alcanzado la convicción íntima del gran y positivo aporte que hará la nueva Ley General de Educación a nuestros niños, niñas y jóvenes. Hoy, la Cámara tiene la oportunidad, como en el año 1920, de dar un paso adelante para lograr una mejor y más equitativa educación en nuestro país.	Complicada es la actual situación a la que se enfrenta el Gobierno en materia educacional. Producto de sus actos y decisiones anteriores hoy afronta una incómoda disyuntiva: llevar adelante una deficiente transformación de la legislación educacional y, por ende, cumplir el acuerdo con la derecha o, en cambio, dar un mayor espacio al debate reorientando el proyecto y, con esto, no cumplir su palabra. El Gobierno se ha esmerado es sostener que aquella disyuntiva no existe, argumentando que el acuerdo es un paso importante. Sin embargo, tal lectura positiva contradice una serie de elementos: 1) más de 15 parlamentarios de la Concertación han presentado indicaciones -más de 100- que alteran la esencia del acuerdo, 2) todo el mundo educacional -profesores, estudiantes secundarios y universitarios- está insatisfecho y movilizado (¡hay colegios que han sido desalojados más de cinco veces!) 3) el acuerdo no recoge en forma fidedigna el debate del Consejo Asesor de Educación, sino más bien las posturas que la derecha y sectores minoritarios de la Concertación expresaron, así lo demuestra la posición crítica que ha tenido el presidente de tal Comisión y otros miembros. De este modo, el proyecto que hoy se discute en el Parlamento es considerado por los sectores progresistas del país como pobre y muy por debajo de las expectativas posmovilización pingüina de 2006. Este enorme descontento no puede ser nublado por un arreglo a nivel de las cúpulas de los partidos políticos, que hoy están escasamente presentes en el cuerpo social de Chile y que carecen de una visión de futuro, lo que incluye la ceguera frente a cómo este sistema educacional daña el mañana de Chile, y que por lo mismo no tienen nada más que mostrar que su capacidad de llegar a acuerdos, aun cuando éstos sean malos acuerdos. Los problemas de la actual reforma en curso son diversos, a saber: mantiene la posibilidad de seleccionar (por proyecto educativo o cobrando matrícula vía financiamiento compartido, para todos los ciclos, y por nivel académico en el ciclo superior); no fortalece de manera adecuada la participación en los liceos y colegios (ej.: consejos escolares); no exige una transparencia suficiente en la administración de los establecimientos; no contempla la posibilidad de racionalizar la oferta de colegios según necesidades geográficas; mantiene la posibilidad de lucro, y, por último, no contempla una preocupación especial por la educación pública.