Estrategia país y universidades

Columna de Rodrigo Vidal Rojas, Vicerrector académico de la Universidad de Santiago

Es imperativo fortalecer la relación que tiene el Estado con sus propias universidades. Estos establecimientos tienen claras funciones de construcción y de aplicación del conocimiento en las áreas que son de interés público y social y que producirán efectos positivos sobre el bienestar de toda la comunidad. Pero, también, las universidades estatales tienen la misión prioritaria de contribuir a la cohesión y la inclusión social y lograr que los mejores estudiantes de escasos recursos, pero que afrontan enormes deficiencias tanto de capital social como cultural al inicio de su formación, logren, al término de ella, adquirir capacidades profesionales similares al resto.

El Estado no puede eludir sus deberes respecto del mandato entregado a sus universidades. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, manifestó en su reciente cuenta anual que "el Estado debe tener un compromiso especial con la educación superior estatal" y añadió que debe contribuir a resolver los desafíos complejos que sus universidades enfrentan. Cabe preguntar, ¿cuáles son los deberes adquiridos por el Estado con sus universidades, producto de la decisión de mantener su propiedad?

Las universidades estatales tienen el mandato de orientar su quehacer al interés público, como un principio superior que trasciende el legítimo interés privado, con la sola limitante de la ley y de la ética. Toda otra discusión o análisis relativo a la necesidad o no de contar con universidades estatales, o referida a si el Estado debe o no tener un trato preferente con ellas, no son más que ejercicios estériles. El debate de fondo tiene que ver con cuáles son los compromisos del Estado respecto de sus instituciones de educación terciaria.

Para que las universidades estatales puedan contribuir de manera óptima con el desarrollo integral del país el Estado debe propender a un mayor financiamiento de la formación profesional y el desarrollo de la investigación innovadora en áreas estratégicas -minería, energía, educación, ordenamiento territorial, planificación regional, alta administración pública, defensa, desarrollo rural, química, biología, entre otras materias-, que no pueden ser entregadas al arbitrio de instituciones privadas.

El Estado es un garante de la formación del más alto nivel, en áreas que son de baja rentabilidad económica, pero que al mismo tiempo tienen una alta rentabilidad social. Es el caso de las humanidades, de las ciencias sociales, de las ciencias políticas, de la educación y del arte no utilitarista. Del mismo modo el Estado es el responsable de la generación de conocimiento de escasa utilidad en el corto plazo, pero que sin duda ofrecerán un alto impacto en el mediano y largo plazo, como ocurre en el caso de la innovación científica y tecnológica destinada a incrementar la productividad y la competitividad.

Por consiguiente, la discusión sobre universidad estatal no está vinculada con una mera cuestión propietaria; más bien subyace en una estrategia país que tiene que ver con un desarrollo comprehensivo e inclusivo desde el punto vista de la sociedad. Para lograr estos objetivos, el Estado debe asumir su responsabilidad histórica de respaldar de manera concreta la flexibilización administrativa de las universidades; un sistema y montos de financiamiento acorde con el mandato que se les ha entregado; el apoyo a las cátedras estratégicas para el desarrollo del proyecto-país; el respaldo al desarrollo de los énfasis regionales o temáticos, entre otros aspectos que se pueden tocar.

Haciéndolo, el Estado y el país contarán con universidades que, creando conocimiento de alto nivel, sobre la base de un compromiso directo con los desafíos de futuro, fortalecerán su liderazgo en la transformación social y económica del país.

Fuente: La Nación