Columna de Brunner

Acuerdo educacional: asumir responsabilidades, José Joaquín Brunner
Publicado el sábado 14 de junio en El Mercurio

La discusión sobre el proyecto de Ley General de Educación nos enfrenta a la siguiente, incomprensible, paradoja: que a pesar de expresar su texto el público, solemne y entusiasta acuerdo del Gobierno con todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, podría ser derrotado por los mismos actores que lo pactaron.

Cabe preguntarse entonces si los acuerdos reflejados en el proyecto son de tan escaso valor, o tan fuertes los motivos para objetarlo, como para justificar lo que a primera vista resulta un desaguisado.

La verdad es que lejos de ser anodino, este proyecto define una nueva institucionalidad para el sistema escolar. A través de distintos organismos, el Estado asume facultades que hoy no posee o cumple insatisfactoriamente en los ámbitos de la fijación de estándares curriculares, la evaluación de los colegios, el apoyo a sus planes de mejora y como garante de la transparencia y efectividad en el uso de los recursos públicos destinados a los establecimientos escolares. A su turno, éstos y sus sostenedores deberán actuar ahora dentro de un marco normativo más exigente, focalizado en la gestión escolar, la calidad del rendimiento académico y la responsabilización por los resultados de su desempeño. En suma, se trata de cambios de la mayor importancia que por primera vez cuentan con un amplio respaldo, se conforman plenamente a la naturaleza mixta del sistema escolar y aprovechan de manera inteligente las lecciones de la experiencia internacional.

Frente a un escenario tan favorable, que permitía suponer una rápida aprobación del proyecto, se ha creado en cambio un clima hostil y confuso que hace posible imaginar su ruina. ¿Existe acaso una alternativa distinta y mejor que reúna el mismo grado de consenso y aclamación? No la hay. Con todo, se alegan algunos motivos para desahuciar el proyecto. Del lado de la oposición se argumenta que dos indicaciones no concordadas, introducidas a última hora por el Gobierno, justificarían el rechazo completo de aquél, pues ellas invalidarían los acuerdos previamente logrados. Una débil excusa, sin duda. Por lo pronto, porque la propia oposición aceptó de inmediato una de estas indicaciones, dando a entender que no hay envuelto aquí un principio sustantivo, sino una cuestión de procedimiento. Enseguida, porque no se entiende que acordado íntegramente un texto no se halle disponible un residuo de imaginación, que es todo lo que se necesita para concordar un artículo adicional.

La segunda indicación nos traslada al lado del Gobierno y sus parlamentarios. Ellos han dado a entender que el riesgo de sepultar el proyecto es un precio que podrían pagar a cambio de dejar testimonio -mediante esta indicación- de su compromiso con la educación pública. Sin duda, debe tratarse de un malentendido. En efecto, el proyecto entero busca reforzar y mejorar las condiciones institucionales en que se desenvuelve la educación pública. Ésta no es monopolio de una categoría de proveedores, sino que se define por el hecho de ser obligatoria, financiada por el Estado, sujetarse a un currículo nacional común y a los mismos estándares de calidad, ser impartida por profesores que reúnen idénticos requisitos de habilitación profesional, hallarse evaluada mediante un sistema común de medición del rendimiento escolar (Simce) y otorgar un certificado, la licencia media, del mismo valor para todos los alumnos. Esta educación es provista por escuelas que poseen diferentes tipos de propiedad y gestión, bajo un régimen plural de opciones, donde el financiamiento por alumno facilita la elección de los padres y la subvención preferencial debe contribuir a la inclusión social. De acuerdo al proyecto en discusión, ella se encuentra sujeta a un estatuto de obligaciones públicas claramente definido y común para todos los sostenedores subvencionados. Luego no hay necesidad de refrendar algo que ya está en la base de esta iniciativa legal. Si por alguna razón se considera imprescindible hacerlo, no sería difícil coincidir en una formulación coherente con los principios que la inspiran. Una hora adicional de trabajo debiera resolver el problema.

En suma, el Gobierno, sus partidos y parlamentarios, y la oposición y los suyos están ante una encrucijada: o aprueban el proyecto acordando las indicaciones que se desee introducir, o bien lo dejan caer y el país deberá asumir el costo de la oportunidad perdida. De ocurrir esto último, se completaría el sinsentido: en vez de aprobar el proyecto por todos convenido, el Congreso terminaría por ratificar la LOCE, una ley unánimemente rechazada.