Columna de Carlos Margotta

Educación universitaria: ¿derecho o privilegio?, Carlos Margotta, Rector de la Universidad Arcis

• Quienes sostenemos que la educación y la cultura no deben regirse por los designios del mercado, también pensamos que el debate universitario es incompatible con sectarismos y con intolerancias dogmáticas.

En las últimas semanas, a medida que avanza la discusión parlamentaria sobre la Ley General de Educación, hemos visto manifestaciones de estudiantes, profesores, trabajadores e intelectuales que alzan la voz por el fin de la educación de mercado que se ha impuesto en nuestro país en las últimas tres décadas. En esa posición de rechazo al sistema imperante han participado de manera activa todos los estamentos de nuestra comunidad universitaria. Del debate público que tales movilizaciones han causado podemos identificar, por un lado, a quienes consideran que la educación es un servicio que debe ser provisto por los particulares y debe ser regulado por el mercado. Y, por otro, a quienes creen que la educación es un derecho social que, como tal, se contrapone a la educación entendida como privilegio y la entiende como "bien público" que va en beneficio de la comunidad en su conjunto.

La educación superior no es más que la proyección de la misma realidad. Las universidades, aun cuando en casos como el nuestro tengan una posición de discrepancia respecto de la lógica mercantil del sistema, están atadas a las lógicas que éste impone. Lamentablemente, muchos de los partidarios de calificar la educación como un derecho social que el Estado debe asegurar al conjunto de los chilenos, sólo lo hacen extensivo a la educación escolar, sin comprender que las inequidades en la educación superior permean al conjunto del sistema educacional.

Hoy, somos testigos de profundas transformaciones en la educación superior. Primero, se verifica un dato nuevo: desde hace tres años la oferta de vacantes universitarias es superior a la demanda que existe en los egresados de enseñanza media. Segundo, las familias están privilegiando instituciones que den oportunidades de financiamiento adicional, porque asumen que la educación superior es un privilegio para unos pocos. Tercero, las políticas públicas para el sector se están reorientando para consolidar un modelo de educación superior de mercado.

En los 90, las políticas públicas crearon un espacio universitario amplio, plural y diverso, expresado institucionalmente en una diversidad de instituciones e intereses. Hoy, ese modelo se encuentra agotado. Las políticas públicas dejaron en manos de intereses particulares la regulación de la enseñanza universitaria. Los subsidios a la demanda han generado crecientes procesos de concentración económica e integración vertical de la educación superior, estimulando la disminución en cantidad y pluralismo del sistema. Se está tendiendo, como consecuencia, a favorecer a las instituciones vinculadas a congregaciones religiosas o grandes conglomerados económicos.

Este debate ya estuvo presente en la Comisión Asesora Presidencial para la Educación Superior y se tradujo en el quiebre de dicha instancia entre quienes estaban por profundizar el proceso y quienes querían reorientar esa peligrosa tendencia. El segundo grupo alimentó la creación de la Asamblea Nacional por la Educación, en que estamos participando como universidad, en mi condición de rector, con diversos representantes y actores de los distintos ámbitos convocados en torno a estas posiciones. No obstante la resistencia a la privatización de la función pública en la educación superior y a la concentración económica impulsada desde el Estado, debemos asumir que las fuerzas progresistas no han logrado construir una visión coherente y consistente sobre el sistema universitario, que supere la visiones tradicionalistas que asocian este debate al fortalecimiento de las universidades estatales.

En el fondo, se asume que proyectos universitarios críticos, contemporáneos y transformadores, que contribuyan a formar personas en los valores de la libertad, la justicia social, la solidaridad y los derechos humanos, sólo pueden verificarse bajo el amparo del Estado y, por lo mismo, terminan siendo aliados de quienes sostienen que el campo de la educación superior privada es patrimonio de congregaciones religiosas y grandes grupos económicos. Más aun, esta lógica también apoya el privilegio estatal de las carreras tecnológicas y científicas funcionales al modelo económico, frente a las carreras artísticas, de humanidades y de pensamiento crítico.

Esa inconsistencia teórica y política se ha traducido en que no hayan logrado construir respuestas convincentes para evitar el proceso de concentración que se vive en las universidades privadas, donde en la actualidad sólo cinco de ellas concentran 50% de la matrícula. Tampoco han construido argumentos plausibles para afrontar la evidente disminución del pluralismo y diversidad institucional en la educación superior privada. Del mismo modo, no han planteado una alternativa políticamente viable al actual proceso de privatización de los procesos de calificación universitaria, donde incluso la educación superior pública debe asumir criterios de empresa privada. La pregunta es ¿cómo pueden las universidades chilenas con vocación social y cultural entregar mejores servicios a los estudiantes y mantener su viabilidad económica sin un compromiso del Estado en esa dirección? Mientras no se responda esa pregunta, seguirán desapareciendo instituciones de educación superior, absorbidas por las transnacionales educativas o por los grupos económicos locales.

Quienes sostenemos que la educación y la cultura no deben regirse por los designios del mercado, porque constituyen derechos sociales fundamentales de los pueblos, también pensamos que el debate universitario es incompatible con sectarismos y con intolerancias dogmáticas. Creemos que el debate sobre el futuro de la educación superior chilena -pública y privada- debe salir de las oficinas de los ministerios de Educación y Hacienda para transformar los argumentos tecnocráticos en deliberaciones ciudadanas de la sociedad chilena. Ese es nuestro desafío, nuestro reto y nuestro llamado.

Fuente: La Nación