Los grandes ausentes

Los grandes ausentes
Por Loreto Egaña, directora del Programa Interdisciplinario de Investigaciones en Educación

El debate sobre la inequidad de nuestro sistema educativo, que se traduce en una baja calidad de enseñanza a los niños de menores recursos, suele evocar la falta de competencia de docentes y directores de establecimientos. El problema de la calidad de la educación y en especial la precariedad de la labor educativa en los sectores más vulnerables es complejo y no existen recetas, sólo intuiciones y prácticas avaladas por la experiencia y la investigación.

Si los docentes y los directores son esenciales, los dueños de los establecimientos son imprescindibles para orientar estos esfuerzos. Las experiencias de escuelas exitosas en sectores de pobreza muestran sostenedores comprometidos con la educación, capaces y competentes para generar procesos virtuosos que se retroalimentan y perfeccionan. Consisten en metas claras que guíen las diversas iniciativas, escoger al personal directivo idóneo, contar con una política informada en cuanto al cuerpo docente para potenciar las capacidades que la mayoría de los maestros posee, generando las condiciones para que ellas se desplieguen.

Un establecimiento en proceso de mejoramiento continuo demanda una adecuada gestión de los recursos y un constante monitoreo de las metas. Estas son responsabilidades prioritarias de los sostenedores, particulares o públicos. La realidad es bastante desalentadora. Fruto de los cambios en la década del 80, la gran mayoría de los que operan con recursos públicos y atienden a 93% de la población escolar no son los más idóneos para la tarea. Existen excepciones que no hacen si no confirmar la regla. ¿Qué hace la diferencia en los resultados educativos del conjunto mayoritario de la población escolar? La variable que más peso presenta en los resultados del Simce y la PSU se refiere a las diferencias socio-económicas y culturales de las familias. En el caso de los estudiantes de sectores vulnerables implica recursos materiales y simbólicos del entorno familiar, capacidades de exigencia ante el servicio educativo recibido. Este peso tan significativo de las condiciones familiares da cuenta de una privatización de la responsabilidad por los resultados. Dicho de otra forma, la incapacidad de las políticas educativas pese a los esfuerzos por revertir este proceso.

En los próximos meses se debatirán en el Congreso algunas iniciativas legales que inciden en el régimen de sostenedores educativos. Es necesario tener presente que demoramos 28 años en reconocer públicamente este problema, que está en la base de la precariedad y el "desastre", como algunos califican, de la calidad de la educación de los sectores de menos recursos. Es de esperar que los legisladores tengan claridad y convicción para producir un cambio sustancial en los sostenedores del sector público, que atienden a la población escolar más vulnerable. Es indispensable identificar las instituciones más adecuadas y confiables que se responsabilicen por la calidad de la educación que dan. Los acuerdos legislativos sobre los sostenedores particulares debieran ser rigurosos en calificar quiénes tienen competencia para impartir educación, reconociéndose que mayores controles y fiscalizaciones no consumirían tiempo y recursos si hubiera sostenedores idóneos y responsables.

Es necesario hacer hincapié en el protagonismo de docentes y directivos para generar procesos educativos de calidad, en la necesidad de atender a su formación, condiciones laborales y salariales y al mejoramiento de sus prácticas pedagógicas. Son condiciones indispensables pero no suficientes, y perderían su potencial efectividad si no se cuenta con sostenedores que orienten y potencien estos procesos, con claridad en las metas y capacidad en la gestión, de modo de facilitar los procesos educativos, responsabilizándose de los resultados.

Fuente: La Nación, 3 de octubre 2008