AFI e ingeniería social en universidades

Editorial de EL MERCURIO
Miércoles 08 de Octubre de 2008

AFI e ingeniería social en universidades

En Chile existen diversas vías de financiamiento para la educación superior. Una de ellas, relativamente modesta, es el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) que se otorga a las universidades que matriculan a los primeros 27 mil 500 puntajes en la PSU. Es éste un instrumento orientado a estimular la calidad de los planteles de educación superior, considerando que los estudiantes de mejor desempeño en dicha prueba priorizarán las mejores carreras y universidades.

Este aporte ha sido criticado por algunos, porque incentivaría a las universidades a privilegiar a estudiantes de alta PSU que, a la vez, son de altos ingresos, como consecuencia de la correlación positiva que existiría entre ambas variables. Ésta ciertamente existe, pero no es responsabilidad de la prueba, sino del sistema escolar. En todo caso, esa correlación tampoco es perfecta.

Para atenuar este hecho, se ha anunciado que, en adelante, el ranking de notas pesará lo mismo que la PSU, es decir, 50 por ciento. No se sabe aún cómo se realizará este ejercicio. Cabe suponer que, de acuerdo con el ranking de cada estudiante en su curso o establecimiento educativo, se le definirá un puntaje, que se irá reduciendo a medida que vaya cayendo en dicho ranking. En cualquier circunstancia, según ha anunciado el presidente del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la U. de Santiago, Juan Zolezzi, los alumnos deberán obtener al menos 550 puntos y pertenecer al 30 por ciento mejor de cada curso.

Si éstos fueren requisitos que deban cumplirse simultáneamente, se podría dar que alumnos con muy elevados puntajes en la PSU no fuesen sujetos de AFI. Esta posibilidad tiene base empírica. No cabe duda de que, en el margen, esta transformación cambia el incentivo de las universidades, sobre todo si semejante medida fuera acompañada de mayores recursos para el AFI, que en términos reales se ha reducido desde 1990.

Es efectivo que el incentivo, así modificado, apunta en la dirección de lograr una selección de estudiantes socioeconómicamente más balanceada. Con todo, las buenas universidades y carreras deberían seguir aspirando a atraer a los estudiantes que tengan mayor potencial de rendimiento para los estándares académicos que ellas han definido. Como en Chile -a diferencia de lo que ocurre con la PSU- las notas no están estandarizadas, difícilmente son un buen indicador de dicho potencial.

Se podría argumentar que el hecho de que éstas se liguen a un ranking diluye la objeción. Pero no es así, porque ¿cómo se compara el ranking de un establecimiento exigente con uno que no lo es? ¿Acaso la elección del establecimiento que realizan las familias y los jóvenes no está influida por el nivel de exigencia?

Frente a estas interrogantes, se podrá argumentar que algunas universidades han realizado estudios que sugieren que el ranking de notas es un buen predictor del rendimiento en la educación superior. Sin embargo, ello no es más que una ilusión estadística, causada por el hecho de que el estudio se realiza en un grupo de estudiantes que ya ha sido seleccionado por la PSU.

Por otra parte, si las universidades, buscando los recursos del AFI, adaptan sus instrumentos de selección, el país podría sufrir un lamentable deterioro en la calidad de aquellas más selectivas. Estamos frente a una propuesta que parece defendible en el papel, pero que está lejos de ser positiva para la calidad futura del sistema universitario. La equidad en el acceso a las universidades y carreras más selectivas sólo se logrará mediante transformaciones profundas en nuestro sistema escolar. En cambio, insistir en la ingeniería social puede producir resultados de mero artificio en nuestra educación superior.